Acción PNC Armas Ilegales

Más de 1,700 elementos de diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional Civil,  dan cumplimiento a 387 diligencias judiciales en toda la república, esto con la finalidad de controlar las operaciones de la empresa de Continental Security/Seguridad 24, la cual presta servicio en diferentes comercios, empresas y zonas residenciales del país.

La Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección General de Investigación Criminal y de la División de Investigación y Desactivación de  Armas  y Explosivos-DIDAE- ha realizado una investigación exhaustiva la cual inicia a raíz de una denuncia puesta por un guardia de seguridad de la empresa Seguridad 24, en julio de 2016.

Dentro de los acontecimientos destaca

• 23/07/2007 Celebración del contrato de compraventa de empresa Seguridad 24 por Continental Segurity con documentos falsificados.

• 26/10/2009 Localizan al propietario de la empresa Edgar Saúl Hernández Reyes propietario de Seguridad 24.

• 23/07/2017  Agente de seguridad pone la denuncia del robo de arma.

• 21/09/2017  Representante legal se presenta declarar.

• 24/07/2017 se requiere a la DGSSP que informe sobre la compraventa de la empresa Seguridad 24.

• 26/07/2017   la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada informa que a través de escritura pública la empresa Continental Security compró la empresa Seguridad 24.

• 6/09/2019   se establece que la empresa ContinentalSecurity/Seguridad 24 presta servicio de manera ilegal, debido a que no cumple con los requisitos de ley.

• 08/09/2017   Mediante solicitud al archivo de protocolos se establece que la escritura de compraventa no nació a la vida jurídica por  que fue cancelada por falta de firmas.

Las diligencias judiciales se realizan en 21 departamentos del país, excepto Petén y Totonicapán, a esta hora de la mañana continúan, así como la línea de investigación en busca de más ilícitos.

Este caso es de vital importancia ya que se debe cumplir con la ley que regula a las empresas de seguridad y se debe de fiscalizar que estas no sean utilizadas como fachada para realizar actos ilícitos.

 

 

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